¿Qué cambia con la nueva regulación de PSP y qué deben analizar las cooperativas?
La reciente reglamentación en el marco de la Ley N.º 7503/2025 del Sistema Nacional de Pagos amplía las facultades del Banco Central del Paraguay (BCP) para regular y supervisar a los distintos actores que participan en el ecosistema de pagos, más allá de la banca tradicional.
La norma introduce mayor claridad sobre quiénes son considerados Proveedores de Servicios de Pago (PSP), cuáles son sus roles y qué obligaciones deben cumplir.
¿Cuál es el objetivo de la nueva regulación?
Entre sus principales objetivos se destacan:
Definir con precisión qué se entiende por Proveedor de Servicios de Pago y cuáles son sus roles dentro del sistema.
Establecer un registro obligatorio de PSP ante el BCP.
Reforzar la transparencia informativa sobre comisiones, tarifas y condiciones de los servicios de pago.
Exigir estándares mínimos de seguridad de la información y gestión de riesgos tecnológicos.
El objetivo final es consolidar un sistema de pagos más ordenado, seguro y competitivo, acorde con el crecimiento sostenido de las transacciones digitales en Paraguay.
¿Qué existía antes?
Antes de la Ley 7503 y su reglamentación específica:
No existía una definición unificada y formal de los distintos roles dentro del ecosistema de pagos.
La supervisión se concentraba principalmente en entidades bancarias.
El crecimiento de soluciones digitales avanzaba más rápido que su encuadre normativo.
La nueva normativa busca cerrar esas brechas y establecer reglas claras para los actores definidos como PSP bajo supervisión del BCP.
¿Cómo impacta esto a las cooperativas?
Es importante hacer una precisión técnica:
Las cooperativas continúan encuadradas en su régimen regulatorio propio bajo supervisión del INCOOP.
La regulación de PSP del BCP no crea automáticamente una categoría de “cooperativa PSP” ni implica que todas las cooperativas deban registrarse como tales.
Sin embargo, el nuevo marco sí impacta el ecosistema en el que operan, especialmente en los siguientes aspectos:
1. Interacción con actores regulados como PSP
Si una cooperativa se vincula operativamente con entidades que sí están registradas como PSP (por ejemplo, procesadores, pasarelas, emisores o proveedores tecnológicos), deberá considerar las exigencias que esos actores deben cumplir y cómo esas obligaciones pueden trasladarse contractualmente o operativamente.
2. Estándares de transparencia
La regulación eleva el estándar de claridad en materia de comisiones, tarifas y condiciones de los servicios de pago.
Aunque las cooperativas mantengan su encuadre regulatorio propio, el mercado tenderá a exigir mayor previsibilidad y comunicación clara hacia socios y comercios.
3. Seguridad de la información y gestión tecnológica
El nuevo marco establece estándares mínimos de seguridad y gestión de riesgos tecnológicos para los PSP.
Esto genera una referencia regulatoria que impacta indirectamente en todo el ecosistema de pagos digitales, incluyendo cooperativas que integran soluciones tecnológicas propias o de terceros.
4. Claridad de roles dentro del sistema
La categorización formal de funciones como emisor, adquirente, procesador o proveedor de billetera digital aporta mayor orden al mercado.
Para las cooperativas, esta clasificación funciona como marco de análisis al momento de:
Evaluar nuevos servicios digitales.
Establecer alianzas tecnológicas.
Expandir su participación en esquemas interoperables.
Un nuevo escenario regulatorio
La regulación de PSP representa un paso relevante hacia la modernización del sistema de pagos en Paraguay.
Para las cooperativas, no implica automáticamente una obligación de registro como PSP, pero sí exige analizar cómo se integran al nuevo entorno regulatorio, especialmente cuando participan en esquemas digitales o interactúan con actores bajo supervisión del BCP.
El desafío será mantener su sostenibilidad operativa dentro de su marco regulatorio propio, mientras se adaptan a un ecosistema de pagos cada vez más interoperable, tecnológico y competitivo.
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